El Pleno del Congreso del Estado aprobó este jueves las minutas de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Salarios, de Vías de Transporte Ferroviario y de Áreas y Empresas Estratégicas, todas enviadas por el Senado de la República.
De acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión Especial creada para el efecto, integrada por la diputada Glafira Meraza Prudente como presidenta; la diputada Beatriz Vélez Núñez, secretaria, y como vocales las diputadas Gladys Cortés Genchi, Leticia Mosso Hernández y el diputado Robell Urióstegui Patiño, las reformas al primer párrafo de la fracción VI del apartado A y adición de un tercer párrafo a la fracción IV del apartado B del artículo 123 de la Constitución federal establecen la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, así como la revisión de los mismos, para que nunca estén por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia.
El propósito, abunda, es mejorar las condiciones laborales de las personas a través de salarios dignos que satisfagan las necesidades de las y los trabajadores y sus familias.
De la misma forma, se establece que las maestras y maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Por otro lado, las reformas al artículo 28 constitucional tienen por objeto clasificar la materia de transporte ferroviario de bienes y personas, de modo que el Estado retome el derecho de uso y aprovechamiento esta actividad.
Se prevé también que contribuyan al desarrollo y crecimiento económico, a través de una infraestructura ferroviaria que brinde bienestar a la población, fortaleciendo la competitividad del país y permitiendo la mejora en la conectividad y movilidad de los bienes y servicios, disminuyendo tiempo y costos.
Igualmente, plantean que promover el transporte de las personas por vía ferroviaria facilitará la libertad de tránsito y, además, al contar México con una de las redes ferroviaria más grandes del mundo, se pueden mitigar las perturbaciones ecológicas y el impacto en la salud de las personas que causan las altas concentraciones de dióxido de carbono generadas por otros sistemas de transporte.
Respecto a las reformas al párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución en materia de Áreas y Empresas Estratégicas, se pretende fortalecer las capacidades del Estado en áreas como el sector energético, el servicio de internet y el aprovechamiento de litio.
También resaltan la necesidad de adaptar el marco constitucional a los retos contemporáneos, garantizando la seguridad, autonomía y accesibilidad de los recursos energéticos del país bajo la responsabilidad del Estado, y respondiendo a los desafíos económicos actuales.
Con estas modificaciones se garantiza seguridad y autosuficiencia energética y provee a los mexicanos de electricidad a un menor precio, al cambiar el concepto de empresas productivas por empresas públicas del Estado, y estableciendo que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas como el litio, el servicio de internet, ni la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y la autosuficiencia energética de la nación”.
Fijaron postura a favor de las reformas en materia de salarios las diputadas y diputados María Irene Montiel Servín (PAN), Erika Lorena Lührs Cortés (MC), Pánfilo Sánchez Almazán (PT), Mirna Guadalupe Coria Medina (PRD), Arturo Álvarez Angli (PVEM), Bulmaro Torres Berrum (PRI) y Héctor Suárez Basurto (Morena).
A favor de la reforma en materia de Vías de Transporte Ferroviario, razonaron las diputadas María Irene Montiel Servín (PAN), Erika Lorena Lührs Cortés (MC), Claudia Sierra Pérez (PT), María de Jesús Galeana Radilla (PRD), el diputado Alejandro Carabias Icaza (PVEM), las diputadas María del Pilar Vadillo Ruiz (PRI) y Ana Lilia Botello Figueroa (Morena).
Fijaron postura a favor de la reforma en materia de Áreas y Empresas Estratégicas los diputados Édgar Ventura de la Cruz (PT), Jorge Iván Ortega Jiménez (PRD) y las diputadas Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) y Marisol Bazán Fernández (Morena). En contra de la misma se manifestaron las diputadas María Irene Montiel Servín (PAN), Erika Lorena Lührs Cortés (MC) y el diputado Alejandro Bravo Abarca (PRI).
