El Pleno del Congreso del Estado aprobó un dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a que valore y decida la reubicación del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Las Cruces, ubicado en el municipio de Acapulco de Juárez.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Joaquín Badillo Escamilla, en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad Pública, externó que una vez analizada la propuesta presentada por la diputada Beatriz Mojica Morga (con licencia), el órgano dictaminador determinó dar seguimiento al exhorto en mención porque el objetivo principal es garantizar los derechos de las personas que se encuentran ahí recluidas, así como proteger a las familias que viven alrededor del recinto, garantizándoles el derecho a la tranquilidad, a la paz, y a no ser víctimas de situaciones que pongan en riesgo su vida.
Detalló que el proyecto inicial de los centros de reclusión, tanto a nivel federal como estatal, es que se localicen lejos de las zonas urbanas, por los peligros, la inseguridad y conveniencia, aunque en el caso del Cereso de Las Cruces, ha quedado dentro de la zona urbana, con los consecuentes peligros y molestias a los vecinos cercanos.
Frente a tal escenario, las diputadas y diputados consideran importante la solicitud al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno estatal presentada por la diputada promovente, para pedir la reubicación del penal en comento y así no solo garantizar la seguridad de la ciudadanía, también para poder mejorar a las colonias que se encuentran ubicadas alrededor del mismo, ya que por normatividad están limitadas para poder solicitar obras de infraestructura para mejorar sus servicios y sus condiciones de vida.
Abundó en que, por cuestiones presupuestales y financieras, dicha acción requiere de la participación de instituciones públicas independientes de la autoridad penitenciaria, así como de otros actores, tales como las organizaciones civiles o la iniciativa privada, lo cual no quiere decir que el Estado se desentienda de sus responsabilidades ineludibles, ya que la seguridad, la custodia y la situación jurídica de las personas privadas de la libertad, así́ como la administración de los establecimientos penitenciarios, siempre deben permanecer bajo la vigilancia de las autoridades correspondientes.
Por lo anterior, expuso, la Comisión de Seguridad Pública se pronunció a favor de procurar las condiciones mínimas de internamiento compatibles con su dignidad y necesidades básicas de la población interna, relacionadas con los servicios médicos, alimentación, provisión de agua potable, y sobre todo de condiciones básicas de seguridad interna.
Para ello, agregó, el Estado deberá contar necesariamente con un diagnóstico prospectivo integral de la infraestructura física y operativa existente, debiéndose detallar cuál es el estado físico y cómo es la operación de los inmuebles de aseguramiento para la readaptación social.
Asimismo, realizar una evaluación prospectiva de la información para identificar y planear las acciones necesarias, ante la posible reubicación del penal antes mencionado.
