El Congreso de Guerrero aprobó reformas a la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado para incorporar en los mismos a la “violencia ácida”, entendida como la agresión mediante el uso de cualquier tipo de agente o sustancia química, corrosiva, tóxica e inflamable que provoca lesiones, daño físico irreversible o discapacidad en la mujer, y por lo cual se impondrán penas de 12 a 30 años de prisión.
En el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Para la Igualdad de Género y de Justicia, derivado de una iniciativa realizada por la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, se destaca que la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus expresiones y edades siempre será una “aberración”, y una práctica que debe repudiarse porque se basa en la brutalidad de una prejuiciosa subcultura machista y patrimonialista que ha sido rémora y vergüenza del ser humano.
Refiere, asimismo, que el reconocimiento y regulación de la “violencia ácida” deriva del caso de María Elena Ríos, saxofonista mexicana que fue atacada con ácido en 2019 por tres hombres, bajo las órdenes de su expareja sentimental, lo que le causó graves quemaduras en el 80 por ciento de su corporeidad.
Abunda que la también conocida como “Ley Malena”, más que un acoplamiento jurídico o reclamo femenino, es una respuesta del Estado a agresiones que deben quedar rebasadas, por su salvajismo y brutalidad sin nombre.
El dictamen precisa que se considerarán lesiones por condición de género aquellas ocasionadas o provocadas mediante el empleo de ácidos o sustancias corrosivas, o cualquier otra nociva para la salud.
También estima que su abordaje, mediante una visión integral y una política criminológica de repulsa a este crimen, debe hacerse de manera más armoniosa y contundente.
Con estas reformas, además, la “violencia ácida” será considerada como tentativa de feminicidio, cuando las lesiones provoquen mutación o resección parcial o total en las mamas; alteración en el aparato genital, en las funciones de reproducción sexual, o atente contra el ejercicio de la autonomía sexual; cause alguna deformidad o daño físico permanente en algún órgano; daños en extremidades; entorpezca, debilite u ocasione la pérdida parcial o total del oído, vista, habla, o incapacidad permanente para trabajar.
De la misma forma, se establece que cuando la lesión por ataque con ácido o similares sea cometida contra una persona por su orientación sexual o identidad de género, se aumentará en una tercera parte más de la sanción correspondiente al delito de lesiones calificadas.
Razonó su voto a favor del dictamen la diputada Citlali Calixto Jiménez, indicando que este es un momento crucial para el Poder Legislativo de Guerrero, que tiene la oportunidad de marcar un precedente jurídico frente a los desafíos que implica una vida libre de violencia y en dignidad para las mujeres, y para la diversidad sexual.
Y es que, enfatizó, nombrar y castigar esta violencia otorga una carga significativa a la visibilización del problema; reconoce su existencia y la imperiosa necesidad de justicia, amén de que refuerza la progresividad en los derechos de las mujeres.
“La tipificación facilita el acceso de las víctimas a la justicia al establecer claros marcos legales que permiten su sanción, enviando un mensaje claro: cero tolerancia, cero impunidad, total dignidad”, remarcó.
Iniciativas
El diputado Fortunato Hernández Carbajal presentó una iniciativa de adición a la Ley de Educación del Estado para que, de manera mensual, se publique en medios electrónicos e impresos el Periódico Cartel “Así somos”, del creador Juan Sánchez Andraca, mismo que contiene información histórica y relevante de esta entidad.
Por su parte, el diputado Antonio Helguera Jiménez propuso reformar la Ley de Educación del Estado de Guerrero para incrementar a 60 minutos diarios por grupo la impartición de Educación Física en las escuelas de nivel básico, con base en las directrices internacionales en materia de salud.
Acuerdos
La diputada Leticia Mosso Hernández planteó un punto de acuerdo por el que se exhorta a los municipios del estado y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres a establecer, en concordancia con la Ley de Bienestar Animal del Estado de Guerrero, sus respectivos reglamentos en la materia, Centros Municipales de Control Animal y órganos administrativos competentes. Además, se les insta a asignar el presupuesto necesario para la implementación de estas medidas. Fue aprobado por unanimidad.
En su oportunidad, la diputada Gabriela Giles Rodríguez presentó un punto de acuerdo para exhortar a Anacleta López Vega, encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno y a Raymundo Segura Estrada y Abel Bruno Arriaga, secretarios estatales de Finanzas y Administración y para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para que, a través de las acciones necesarias, concluya la traducción a las lenguas indígenas de la Constitución Política del Estado, así como realizar su publicación y difusión de manera escrita y oral, como lo establece el Decreto 453 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 29 de abril de 2014.
