Por Ricardo Castillo Barrientos
Con relativa anticipación el Instituto Nacional Electoral (INE) y el gabinete de seguridad del gobierno federal acordaron las estrategias y protocolos a seguir, a partir del arranque formal de las campañas políticas, el próximo 1º. de marzo.
Las medidas asumidas están orientadas hacia las candidatas a la presidencia de la República, senadores y diputados fedrales; mientras la seguridad de las candidaturas locales, alcaldes y diputados, corresponderá a las autoridades estatales y municipales.
Mediante solicitud de candidatos al INE, o al Instituto Estatal de Participación Ciudadana (IEPC), que se consideren en peligro por su proselitismo político, ambos organismos habrán de canalizarlos a los gabinetes de seguridad nacional o estatal, para qué a su vez, les proporcionen los servicios de seguridad y seguimiento, en casos que se sientan amenazados en su integridad física.
El acuerdo federal dejó al margen algunas aristas que coadyuvarían en garantizar el desarrollo del proceso electoral, con el menor numero de acciones violentas y víctimas, como viene sucediendo en varias entidades federativas. Hasta el momento han asesinado a siete aspirantes, incluyendo al acapulqueño Ricardo Taja Ramírez y el reciente atentado que sufrió Erick Catalán, pre-candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, MORENA-PT-PVEM, en Iguala.
Los gabinetes de seguridad deben entregar a las autoridades electorales, los mapas de riesgo de las zonas o regiones con mayor incidencia de hechos delictivos y se encuentran con “focos rojos”, en las regiones de Tierra Caliente, Norte, Centro, Sierra y Costa Grande.
Además de la seguridad que se brinde a los candidatos que así la requieran, el mapa de riesgos ayudaría a que se realicen intensos patrullajes preventivos en la “localidades calientes”, a fin de inspirar confianza a la ciudadanía para participar en eventos públicos de campañas y en la próxima elección del 2 de junio.
Los candidatos tienen conocimiento pleno de sus municipios y distritos y conocen las condiciones socio-políticas que prevalece en sus territorios. No pueden llamarse a engaño, saben perfectamente los grupos de la delincuencia organizada que dominan en sus municipalidades.
Otros aspectos importantes a considerar será la selección y capacitación de funcionarios de casillas y asistentes electorales, porque también podrían estar en peligro durante el ejercicio de sus funciones, en colonias, barrios y comunidades, con presencia criminal.
En suma, los cuerpos de seguridad, Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalías nacional y estatal, policías del estado y municipal, -en estrecha y eficaz coordinación operativa- deberán estar en condiciones de blindar el proceso electoral, garantizando la seguridad e integridad de candidatos, funcionarios electorales y la población en general, con participación en actos de campañas proselitistas.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador haya descartado la posibilidad de registrarse “asesinatos políticos” durante el periodo electoral, existen “territorios minados” a lo largo y ancho de la entidad y el país, bajo el mando de generadores de violencia.
Marea Baja.- “El año de Hidalgo”, se encuentra en su máxima expresión en el municipio de Ometepec que desgobierna Efrén Adame Montalbán, pues en su segundo periodo como alcalde, se ha dedicado íntegramente a la adquisición de propiedades “sin tono, ni son”, que le ha permitido acumular una inmensa y descarada fortuna, terrenos y ranchos al por mayor, mal visto por la población ometepecana.
A pesar de ello, el primer edil ni suda ni se acongoja de la animadversión popular ganada a pulso, tanto así, que por todos los medios trata de imponer como sucesor a Salvador Robles Zacapala, a efecto le cubra la espalda para ocultar las fechorías cometidas, en detrimento de las arcas municipales.
Adame Montalbán pretende la candidatura para diputado local por el distrito16 con cabecera de Ometepec, a efecto blindarse de fuero constitucional y no le puedan fincar responsabilidades la Auditorio Superior de la Federación (ASF) y la Auditoria Superior del Estado (ASE),
La dirigencia del PRI, -partido al que pertenece-, ya tiene conocimiento del cumulo de fechorías cometidas por este alcalde, y no están dispuestos a respaldarlo en sus ambiciones política porque deterioran la imagen negativa que se ha labrado este instituto político con este tipo de personajes.
Marea Alta.- Durante los últimos días de la semana pasada, se levantó la encuesta que habrá de definir al ganador o ganadora de la candidatura de MORENA, a la presidencia municipal de Acapulco.
La Comisión de Encuestas del Comité Ejecutivo Nacional, ordenó el estudio demoscópico ante la proximidad del registro de candidatos a ediles ante el IEPC.
Diversos resultados de empresas privadas como RUBRUM, Massive Caller, Demoscopia Digital, entre otras, coinciden en dar amplia ventaja al joven político acapulqueño, Yoshio Ávila González, sobre los demás aspirantes que se quedaron a la zaga.
La empresa RUBRUM, encuestadora que trabaja para la candidata Claudia Sheinbaum, haciendo todos los días el “Tracking Pool”, (batería de encuestas), con el propósito de llevar la medición de la aceptación popular de su candidatura.
Maremoto.- Una cascada de renuncias comenzó a gestarse al interior del PRI, a causa de las renuncias del ex gobernador Héctor Astudillo Flores y Mario Moreno Arcos, ex candidato a gobernador por el tricolor.
Será hasta el próximo domingo 11 de febrero, cuando se hagan públicas ambas adhesiones frente al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Ranauro, Armando Añorve Ríos, delegado estatal y Julián López Galeana, dirigente en la entidad.
Se espera una desbanda de militantes y dirigentes priistas, para ingresar al partido naranja que podría desbancar al PRI y PRD, en el inminente proceso electoral, donde MORENA se perfila para continuar como partido mayoritario en Guerrero y en México.
