Por Carlos Ortiz Moreno (segunda de tres partes)
* El millonario alemán condicionó el uso de las instalaciones
* El convenio de donación es por 99 años y ya se cumplirán 49
* “¿Crees que con esto ya pagaste tu deuda con Guerrero?”
* Los dueños de Oceanic intentaron despojar parte del terreno
La probable construcción de un sitio para servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional sea cuartel de mando, sitio de pernocta o lo que quieran realizar, sería violatorio al convenio de donación condicional celebrado hace casi 49 años por un multimillonario con el gobierno de Guerrero, ahora representado por Evelyn Cesia Salgado Pineda.
El rompimiento de la donación restringida por parte del gobierno del Estado de Guerrero implicaría una serie de condicionantes en que están involucrados el Ayuntamiento de Acapulco, el gobierno federal, el fideicomitente Banco Nacional de México, hoy llamado Banco de México, y la propia familia del alemán ya fallecido.
Los puntos coincidentes de una historia ilegal, disfrazada como legal, son que hace 49 años los tres órdenes de gobierno estaban representados por políticos del mismo partido en el poder. Hoy sucede lo mismo ya que la autoridad municipal la estatal y la federal son de Morena.
Wolfgang Schoenborn Stuertz, millonario mexicano por naturalización, pero originario de Lezburg, Bavaria (o Baviera como actualmente se le conoce) en la entonces Alemania Occidental, celebró el 29 de noviembre de 1975 un convenio de donación condicional con el gobierno del Estado de Guerrero, representado por el entonces gobernador Rubén Figueroa Figueroa.
En su calidad de propietario de un terreno adquirido en 1967 al matrimonio integrado por Ignacio Soto Durazo y su esposa Alicia Almeida de Soto, el alemán naturalizado mexicano cedió el predio de 11 mil 76 metros cuadrados de superficie al gobierno de Guerrero anteponiendo condiciones para que fuera destinado ese sitio a actividades netamente culturales.
Según el documento, las instalaciones que en ese entonces estaban cotizadas en un costo de un millón de pesos y “deberían ser destinadas exclusivamente a la formación de un museo de exhibición de productos artesanales, piezas arqueológicas y demás fines de carácter cultural en beneficio de los visitantes y habitantes del puerto y ciudad de Acapulco, Guerrero, al que tanta estima le tiene”.
El convenio de cesión condicional también establecía que debería tener beneficio económico el gobierno del Estado de Guerrero como administrador de los ingresos generados por esas actividades culturales definidas. El convenio es por un lapso mayor de noventa y nueve años.
El gobierno de Guerrero se comprometió a destinar el inmueble mencionado a la formación y desarrollo de un museo de arte popular arqueológico y demás fines culturales en beneficio de los habitantes y visitantes de Acapulco y a desarrollar con los mismos fines las construcciones existentes.
En caso de que el gobierno del Estado de Guerrero no destine el inmueble y las construcciones exclusivamente a los fines previstos en el convenio de concesión, se antecede la propiedad del inmueble y las construcciones existentes y pasará a propiedad del Ayuntamiento de Acapulco con la obligación de destinarlo para fines netamente culturales.
El convenio establece que si el Ayuntamiento de Acapulco tampoco destina el lugar y sus instalaciones para actividades culturales, el predio pasaría a ser propiedad del gobierno federal, a través de la entonces Secretaría del Patrimonio Nacional. El documento también establece que si el gobierno federal tampoco utiliza el predio y sus construcciones para actividades culturales, se revertería la concesión y, por facultad del millonario alemán, la última adquiriente sería el Banco Nacional de México en carácter de irrevocable.
Los compromisos de todas las partes quedaron registrados en la escritura número 6 mil 392, del volumen quincuagésimo octavo, luego de que Rafael Ezquerro y Alvarado, notario público número 5 del distrito judicial de Tabares, consignara todas las vistas de las partes el 6 de noviembre de 1975 en la ciudad y puerto de Acapulco.
El documento es designado como contrato de cancelación parcial de fideicomiso y donación condicional por 99 años, contados a partir de 1975, y fue firmado por Wolfgang Schoenborn Stuertz, propietario del predio y donante; José Riojas Rodríguez, representante del fideicomiso Playasol; Rafael Pardo Estrada, representante del Departamento Fiduciario del Banco Nacional de México y el gobernador constitucional del Estado de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa.
Tras firmarse el documento, Figueroa Figueroa caminó con el alemán nacionalizado mexicano por los senderos de la propiedad que había cedido.
Testigos de ese momento recuerdan perfectamente el diálogo:
—¿Crees que con esto ya pagaste lo que debías al gobierno? ¿Crees que no me puedo quedar hasta con la parte que llega al mar? Es mejor que te quedes quieto para que no te quite todo, expresó de manera socarrona el gobernador guerrerense.
Pistola al cinto se regodeaba del éxito de su operación de despojo hecho legalmente.
El hombre achaparrado, encorvado por los casi 85 años de una vida llena de bondades y maldades no dijo palabra alguna. Ambos caminaron hasta que se enfiló con rumbo a El Camionero, aquel histórico camión Dina que siempre usaba Figueroa Figueroa para desplazarse en todo Guerrero.
Al día siguiente, Schoenborn Stuertz pagó a una docena de albañiles para que construyeran un largo muro para dividir los edificios que actualmente se encuentran atrás de las instalaciones culturales con el sitio donado. 24 horas después de la donación, el enorme predio estaba dividido. Temía que Figueroa Figueroa lo volviera a despojar.
El alemán, de apenas un metro 60 de estatura, espaldas arqueadas y caminando lentamente, sin bastón, a pesar de sus más de 85 años recorría la banqueta de la costera Miguel Alemán justo en la parte frontal de lo que hoy es el Centro Cultural Acapulco o Casa de la Cultura de Acapulco, como coloquialmente se le conoce.
Los que lo recuerdan señalan que, literalmente, contaba los metros de lo que fue su propiedad, ahora donada para la cultura. Siempre caminaba por la parte frontal como vigilando que nada estuviera fuera de lugar. El hombre chaparrón, ya anciano, siempre iba con sus gruesas esclavas y cadenas de oro colgadas en los brazos y cuello.
No temía ser asaltado porque en esa época no se pensaba en esa maldad que ahora inunda las calles. Eran los finales de los setenta y principios de los ochenta. Ya luego no salió. Se encerró en su domicilio, ubicado en la parte trasera del enorme terreno. Poco después se enteraron del fallecimiento de Schoenborn Stuertz.
Años después, los que fueron sus trabajadores fueron liquidados por uno de sus familiares. Así terminó ese capítulo del Acapulco que siempre ha sido de despojos.
Los edificios que donó dentro del terreno fueron acondicionados por los arquitectos Jorge Eduardo y Héctor Coss Cortés. El 20 de marzo de 1976, el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, compadre del gobernador guerrerense, inauguraba lo que después sería la Casa de la Cultura de Acapulco. Ahí quedó una oficina del Fonapas (Fondo Nacional Para las Actividades Sociales, el antecesor de la actual Secretaría de Cultura del gobierno federal).
Fue durante el gobierno siguiente, el de Alejandro Cervantes Delgado, cuando se creó el Instituto Guerrerense de la Cultura un 20 de abril de 1983 como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. El mandatario firmó el decreto número 468 para tal fin.
La Casa de la Cultura de Acapulco se convirtió entonces en parte de su patrimonio y debería ser la garante que se cumpliera cabal y puntualmente la cláusula condicional de Schoenborn Stuertz. No debería existir ningún interés de otra naturaleza que no fuera el carácter cultural.
El 26 de abril de 1988, al expedirse la Ley de Fomento a la Cultura, lo convierte en un organismo administrativo desconcentrado (OAD), dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social del gobierno del estado. Y es hasta el 15 de octubre de 1999, que retoma su carácter original de organismo público descentralizado (OPD).
Otro intento de despojo del enorme terreno donado se registró durante el sexenio de José Francisco Ruiz Massieu. En ese tiempo el mandatario estatal inauguró el edificio Torre Coral, que fue la edificación más alta de Acapulco, y retó al inversionista Alberto Pilatovsky a meter más dinero para el puerto. Ahí nació la idea de levantar lo que hoy es el edificio Oceanic 2000.
Una mañana lluviosa, Pilatovsky Vázquez y Guillermo Carpenter llegaron a la parte trasera de lo que era la Casa de la Cultura, después de haber sido las oficinas de Fonapas (Fondo Nacional Para Actividades Sociales) en el estado. Ya se había comprado el terreno adjunto a Raúl Salvat para levantar lo que ahora es el edificio más alto de Acapulco.
Acompañado de empleados de la construcción comenzaron a instalar estacas que contemplarían en su proyecto arquitectónico personal.
De repente, se les apareció la directora de ese organismo naciente: la finada Eloína López Cano.
Amable como siempre, la directora de la Casa de la Cultura los saludó de beso en la mejilla.
Y ahí les indicó, con el convenio de donación en mano, cuáles eran los límites que tenía la instalación cultural. Les advirtió que le llamaría al gobernador para informarle lo que estaba pasando para que se interviniera y detuvieran todo.
Aquellos, de inmediato, echaron afuera a todos los trabajadores. Al ver la reacción de ambos arquitectos, López Cano les pidió:
—Ustedes saben que no tenemos dinero y como verán necesitamos construir una barda perimetral. ¿Por qué no mejor me ayudan a construir la barda?
Ambos se regresaron a ver y asintieron la propuesta.
Y les volvió a decir:
—Sí le voy a llamar a Pepe (así conocían al gobernador Ruiz Massieu) para informarle de su amabilidad con la Casa de la Cultura.
Así se construyó la barda perimetral y, de paso, resolvió un intento de despojo.
Durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer se realizó la compra-venta truculenta de los edificios (condominios Nautia y Coral) que fueron propiedad del alemán, ubicados en la parte trasera de la actual instalación cultural devastada.
Uno de los módulos tipo filipino fue adaptado por Alfredo Figueroa Alcocer, hermano del gobernador en turno y responsable del sector cultural del Estado, para que sirviera de oficinas del nuevo propietario de los condominios: Raúl Salinas Lozano, padre del que se convertiría en candidato del PRI a la Presidencia de la República y posteriormente en presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
Después, el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, cuando fue gobernador constitucional, convirtió el Instituto Guerrerense de la Cultura en la Secretaría de Cultura como permanece hasta hoy.
A pesar de que el gobierno federal invirtió para una remodelación integral, a través del entonces Consejo Nacional de Cultura (hoy Secretaría de Cultura) en tiempos del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, no pudo concluirse la idea por la invasión de un grupo de comerciantes con el apodo de artesanos.
En este problema han pasado siete gobernadores, incluida la actual mandataria estatal Evelyn Salgado Pineda que no han podido desalojar de esas instalaciones a unos comerciantes que no tienen ningún derecho legal de ocupar las instalaciones para vender sus productos.
Hasta antes de que Otis devastara las instalaciones, la Casa de la Cultura de Acapulco (institucionalmente llamado Centro Cultural Acapulco) era la cueva de las desgracias. Sus patios llenos de basura, los baños inservibles y sin agua, residuos de árboles cortados tirados en el estacionamiento y por la noche parecía una boca de lobo, sitio idóneo para que cualquier delincuente la usara como refugio.
De acuerdo con la información pública, tomada de la página web del gobierno federal, la Casa de la Cultura de Acapulco registraba una asistencia mensual promedio de 600 personas. Contaba con talleres para Dibujo y pintura normal e intensivo, Piano, Violin, Canto coral, Creación literaria, Vocalizacion, Alemán, Japonés, Inglés, Guitarra infantil, Danza árabe, Yoga, Baile de salón, karate ii shotokan, Declamación, Zumba; Actúa, cuenta, baila y aprende.
Se impartían conferencias, Cine, Teatro, Exposiciones de artes plásticas, Presentaciones de libros, Círculos de lectura. Los días y horario de servicio al público en talleres era de lunes a sábado de 9 a 21 horas. Los servicios de oficina también de lunes a sábado de 9 a 21 horas.
En las instalaciones del Centro Cultural Acapulco o Casa de la Cultura de Acapulco funcionaban un auditorio al aire libre, la biblioteca Carmen Romano de López Portillo, el Museo de la Fama, dos salas de exposiciones temporales, la galería Ixcateopan y la Gran Galería.
Hoy, todo está destruido. No quedó nada de aquella grandeza de la que Acapulco y los acapulqueños se sentían orgullosos por contar con una de las mejores instalaciones culturales en el estado.
Pero el huracán Otis solamente vino a destapar la desidia de funcionarios estatales que ya tenían olvidadas esas instalaciones que, por el abandono y deterioro físico, se habían convertido en un peligro para los propios trabajadores que laboran el turno vespertino y tenían que salir por la noche.
Encima de toda esa penuria, por voz del propio secretario general de la Sedena ante el presidente de la República, el gobierno federal amenaza con una nueva invasión de esas instalaciones sin importar las condiciones de donación que fueron establecidas en términos de Ley.
La actual titular de la cultura en Guerrero solamente ha salido a decir otra versión.
—No se hará un cuartel. Se hará un módulo turístico.
Seguro, ella tiene otros datos.
(Continuará)