Coadyuvando a que los derechos de las mujeres guerrerenses
se respeten plenamente y que haya una verdadera paridad de género en todos los
ámbitos, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad múltiples reformas y
adiciones al marco jurídico estatal.
En lo que va del año, las diputadas y diputados de
la LXIII Legislatura avalaron
la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
para impedir que agresores y deudores alimentarios puedan acceder a cargos
públicos o de elección popular.
Además, se
le suspenden sus derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio
público a quienes hayan cometido abuso sexual, ejercido violencia contra las mujeres
o sean deudores alimentarios.
Señalaron
las y los legisladores la importancia de aprobar estas reformas porque las manifestaciones
de violencia, en particular contra las mujeres, se presentan en todos los
ámbitos sociales, económicos y políticos, y entre los principales agresores
están servidores públicos y autoridades con responsabilidades políticas y
legales.
Ante ello,
consideran que los servidores públicos, en razón de las funciones que
desempeñan, deben ser ejemplo para la sociedad y comprobar idoneidad para realizar
su labor, ya que el servicio público implica ofrecer un trato digno y
respetuoso a todas las personas, y tiene una connotación profundamente humana,
pero también ética.
Es así
que, a partir de estas reformas, se garantiza que todo aquel que se postule o
acceda a un cargo, empleo o comisión pública cuente con un perfil orientado a
respetar la vida, la salud, libertad, seguridad y el normal desarrollo sexual
de las personas, los derechos político-electorales de las mujeres y el derecho
a los alimentos de los menores.
Otro avance importante en favor del sector es la incorporación y tipificación como
delito de la violencia vicaria, con una penalidad de 4 a 8 años de prisión, así
como la pérdida de los derechos con respecto a las víctimas directas e
indirectas, incluidos los de guardia y custodia, patria potestad y de carácter
sucesorio de hijas e hijos.
Dicha armonización se hizo a los Códigos Civil y Penal del Estado
de Guerrero y a las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, para combatir
este tipo de violencia que se ejerce sobre los hijos o hijas, en el afán
principalmente de herir a la madre, asegurándose el maltratador de que esta no
se recupere jamás.
A lo
anterior se agrega un paquete de
reformas y adiciones a distintos ordenamientos jurídicos para garantizar el
acceso de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, y para la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sin dejar de mencionar la
reforma al Código Penal para
despenalizar el aborto, y a la inclusión de la violencia obstétrica en la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En este periodo se realizaron también adecuaciones a la Constitución
Política local para establecer que las mujeres embarazadas no sean
discriminadas y se les garantice el acceso a los servicios de salud materna
desde el inicio del embarazo, el parto y durante el puerperio, además de
facilidades para su adecuada recuperación.
