Para establecer un mecanismo de designación de las y los magistrados del Poder Judicial que garantice la imparcialidad, pero sobre todo la profesionalización y conocimientos de las personas propuestas para desempeñar los cargos, el diputado Bernardo Ortega Jiménez propuso reformas a la Constitución Política del Estado de Guerrero.
En su propuesta, el
legislador del Grupo Parlamentario del PRD señala que diversos organismos
internacionales como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana han emitido una
serie de principios y recomendaciones para el debido funcionamiento de jueces,
juezas, fiscales, defensoras y defensores públicos, y que una de las garantías
principales a las que hacen referencia es la de independencia.
Abundó
que para asegurar el cumplimiento de este principio, los operadores judiciales
deben contar con los conocimientos y la preparación profesional necesaria que les
permita desarrollar sus labores como intérpretes y aplicadores del derecho,
buscando en todo momento que se imparta justicia a quien así lo solicite.
Refirió
que en México las magistradas y magistrados son, en la mayoría de los casos,
designados por el Consejo de la Judicatura Estatal a propuesta del Poder
Ejecutivo, y ratificados por el Congreso del Estado, situación que “los vincula
al Poder Ejecutivo y también determina, en los hechos, la designación de quien
preside el Tribunal Superior de Justicia, lo que puede afectar seriamente la
independencia y autonomía de los órganos impartidores de justicia a nivel local”.
Ortega
Jiménez explicó, asimismo, que en México los ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación son designados por la Cámara de Senadores mediante una
terna enviada por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, el legislador propone,
entre otras cosas, que el gobernador remita una terna al Congreso local tres
meses antes de que fenezca el nombramiento de la persona que ostente una
magistratura en el Poder Judicial, para que comparezcan en un término de 45
días naturales, tras lo cual serán designados con el voto de las dos terceras
partes del total de integrantes de la legislatura.
El
documento fue turnado a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos
para su respectivo análisis y dictaminación.
