En conferencia de prensa, funcionarios de la LXIII Legislatura destacaron que la administración del Congreso ha mantenido un diálogo permanente con este sindicato creado en julio del año pasado, e incluso en la tarde del lunes, unas horas antes de la toma, hubo una reunión entre la diputada Yoloczin Domínguez Serna y un grupo de trabajadores de este sindicato.
Desde un poco antes de las 9 de la mañana, alrededor de 60 trabajadores del sindicato creado bajo el auspicio del ex presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, entre ellos prácticamente todos los elementos de seguridad del Congreso, cerraron el acceso al Palacio Legislativo a los demás trabajadores pertenecientes al Suspeg, así como a funcionarios.
El Strapoderleg aglutina actualmente al 10 por ciento de los trabajadores del Congreso, mientras el resto pertenecen al Suspeg, informó el secretario de Servicios Financieros y Administrativos, Andrés Orozco Pintos, en la conferencia de prensa.
Por otro lado, el secretario de Recursos Financieros y Administración, Andrés Orozco Pintos y la subdirectora de Recursos Humanos del Congreso de Guerrero, Juanita Avilés Rodríguez, consideraron injustificada la toma del Palacio Legislativo que llevó a cabo la mañana de este miércoles el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guerrero “Sentimientos de la Nación”, Strapoderleg), pues, dijeron, ni siquiera hubo un emplazamiento ni notificación oficial.
Dijo que fue una sorpresa este miércoles encontrar bloqueado el acceso del Congreso, pero no hubo ninguna notificación por parte de los manifestantes.
Los funcionarios rechazaron que exista hostigamiento laboral, como difundió el sindicato en un comunicado y, por lo contrario, aclararon que ha habido reuniones constantes entre ellos y las autoridades del Congreso, e incluso esta mañana se tenía prevista la entrega de juguetes a los hijos de los padres que pertenecen al Strapoderleg, lo cual ya no se llevó a cabo.
No obstante, los reporteros cuestionaron que el secretario general Fernando Martínez Román denunció que él está siendo objeto de una persecución laboral. Avilés Rodríguez respondió entonces que lo que existe es una investigación en su contra por parte del Órgano de Control Interno por su presunta participación en la sustracción de documentos oficiales, específicamente recibos de nómina de dos trabajadores, pero aclaró que es un proceso iniciado contra él, no contra el sindicato. Precisaron que no obstante, él no ha sido despedido ni se le ha retenido su salario, y será la autoridad correspondiente la que determine si hay una sanción o no.
En la conferencia también salió a relucir el tema de 63 plazas laborales que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje canceló en octubre pasado. Los funcionarios explicaron que ese proceso fue iniciado por el Suspeg antes de que comenzara la administración de la actual presidencia de la Junta de Coordinación Política, y el tribunal resolvió invalidarlas porque no cumplieron con los requisitos legales, entre ellos que no existió una convocatoria, y que los documentos de solicitud de las plazas no tienen ninguna firma. En todo caso, explicaron que fue una decisión del tribunal, no de la Jucopo.
También refirieron que hasta el momento el sindicato no ha buscado ningún diálogo, e incluso no tiene peticiones claras ya que solo habla de hostigamiento y libertad sindical, sin precisar sus demandas.
Consideraron que los trabajadores han sido engañados por su dirigente, ya que cuando la presidenta de la Jucopo le ha pedido una reunión con todos sus agremiados, Martínez Román se ha negado, y ha pedido que sea solo con él o con un grupo reducido.
