El
Pleno del Congreso del Estado ratificó por unanimidad el Acuerdo Parlamentario que contiene el “Protocolo para
desarrollar de manera libre, previa, informada y de buena fe el proceso de
consulta para poder crear, reformar, adicionar o derogar las leyes que impacten
en la esfera de derechos a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos”.
El acuerdo de ratificación al que dio
lectura la Mesa Directiva, precisa que el pasado 22 de febrero de este año la
Comisión Permanente de este Congreso aprobó dicho protocolo para dar
cumplimiento a las sentencias que emitió la Suprema Corte de Justicia de la
Nación por acciones de inconstitucionalidad relativas a diversos decretos relacionados
con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
El
acuerdo indica que el Congreso del Estado es parte vinculante junto con el
Ejecutivo estatal en las resoluciones de acción de inconstitucionalidad, siendo
imprescindible generar los mecanismos que permitan el desarrollo de actividades
para la realización de consultas en las comunidades y pueblos indígenas y
afromexicanos, para estar en posibilidades de crear o modificar los
ordenamientos legales que se vieron impactados por la declaratoria de
inconstitucionalidad respectiva.
Con
esto, el Poder Legislativo se prepara para llevar a cabo las referidas
consultas conforme a los principios y estándares dispuestos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales
expuestos por la Suprema Corte en las sentencias.
Entre
las disposiciones que se contemplan en el Protocolo están: el reconocimiento a
la identidad multiétnica, plurilingüística y pluricultural sustentada en sus
pueblos originarios, particularmente los nahuas, mixtecos, tlapanecos y
amuzgos, así como sus comunidades afromexicanas.
Se
prevé también dar cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (OIT),
que precisa en sus artículos 6 y 7, numerales 1 y 2, que al aplicar la legislación
nacional a los pueblos interesados, deberá tomarse en consideración que los
pueblos indígenas tienen el derecho humano a ser consultados mediante
procedimientos culturalmente adecuados, libres, informados y de buena fe.
Y
para coadyuvar en el proceso de consulta, se conformará un Grupo Técnico
lnterinstitucional con representantes del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Junta de
Coordinación Política de la LXIII Legislatura y las Secretarías General de
Gobierno, de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, de Seguridad Pública, de la
Mujer, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
La
Comisión de los Derechos Humanos del Estado, en calidad de órgano garante,
vigilará que en el proceso de consulta a los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanos se les garanticen todos sus derechos, mientras que por parte de
las Asambleas Regionales o Municipales de los pueblos y comunidades indígenas
se designará a los traductores e intérpretes.
