Por José Manuel Gómez
Mientras nos acercamos a la mitad del sexenio es más que claro, que la estrategia federal de seguridad no ha dado los resultados que se tenían contemplados, en los primeros dos años de la actual administración, han sido asesinadas 71 mil 100 personas.
En el mejor de los escenarios el plan de acción, tiene que ser complementado con acciones adicionales y en el peor tiene que ser replanteado por completo. Muchos expertos en el tema de seguridad concuerdan que una estrategia que aspire a ser exitosa, en el objetivo de disminuir los índices de violencia, pasa por el asunto pendiente de las policías estatales.
Por desgracia, el panorama actual de las fuerzas del orden resulta desafortunado, tan sólo en 2020, de acuerdo con datos proporcionados por la organización Causa en Comun al menos 524 policías fueron asesinados esto es en promedio, 1.42 cada día; mientras que en lo que va del año han asesinado al menos a 146 oficiales en el país siendo los estados de Guanajuato con 26, Estado de México con 23, Chihuahua con 13, Veracruz con 12 y Zacatecas con 12 bajas, los estados más letales para ser miembro de alguna corporación policiaca.
¿Qué obtienen a cambio de exponer sus vidas quienes forman parte de estos cuerpos de seguridad pública?, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el salario promedio que percibe un policía es de 12,800 pesos netos al mes, mientras que de acuerdo con un estudio del INEGI seis de cada siete policías destinan una parte de su sueldo a la compra de equipos de protección, como chalecos antibalas, equipos de radiocomunicación y otros elementos necesarios para desempeñar su trabajo.
Pero aunque el asunto pase por el tema del dinero, no sólo es un asunto de dinero, tal y como dice Raúl Benítez, especialista del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) “mejores sueldos tampoco garantizan la seguridad de una entidad. Para reducir la incidencia delictiva en el país, es necesario considerar otros aspectos, como un mejor acceso a la educación y al empleo, la recuperación del tejido social, y programas sociales que alejen a los delincuentes de las calles”.
Desgraciadamente el gobierno federal ha elegido el camino de la militarización, darle la espalda a las fuerzas civiles y otorgar cada vez más facultades al ejercito en el combate a la delincuencia, en opinión del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE) “la creación de la Guardia Nacional contribuyó a generar las modificaciones legales que permitieron a las fuerzas armadas regularizar su participación en tareas de seguridad pública hasta prácticamente el final del sexenio”.
Por si esto fuera poco, pese a que la actual administración desapareció el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) institución de inteligencia civil al servicio del gobierno de México, éste fue inmediatamente sustituido por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a cuyos mandos fue colocado el general de división (retirado) Audomaro Martínez Zapata como director del CNI, algo que ha sido catalogado como “un claro retroceso de los esfuerzos por desmilitarizar la función de inteligencia para la seguridad nacional”.
Los retos son muchos y las decisiones deben ser tomadas con prontitud, como Causa en Común lo ha mencionado “es preciso que la estrategia de seguridad cambie de rumbo, que realmente se fortalezcan las policías locales, se depure el sistema de justicia y se retome el control de las cárceles”.
