El Congreso del Estado de Guerrero aprobó por
unanimidad un dictamen por el que la LXIII Legislatura remite al Congreso de la
Unión una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para integrar la extorsión en el catálogo de delitos que
cuentan con medida cautelar de prisión preventiva, haciendo que quienes lo
cometan permanezcan privados de su libertad mientras transcurre su proceso
penal, garantizando la seguridad de las víctimas.
De acuerdo con el dictamen
emitido por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, una vez
analizados los aspectos de legalidad, homogeneidad y criterios de la iniciativa
presentada por el diputado Joaquín Badillo Escamilla, se dictaminó en sentido
positivo por cumplir con todas las particularidades y coadyuva a contar con una
legislación vigente que sea funcional y no es violatoria de los derechos
humanos.
Resalta la propuesta
de reforma al artículo 19 de la Carta Magna la necesidad de incorporar el
delito de extorsión entre los ilícitos que merecen prisión preventiva oficiosa,
a fin de que los
detenidos permanezcan privados de su libertad mientras se les sigue el
proceso penal, y con ello proteger la seguridad de las víctimas y ofendidos, de
los testigos y de la sociedad en general, ya que la libertad de los
extorsionadores representa un grave peligro para los mismos.
Abunda, asimismo, en que este delito afecta de manera
directa a los comerciantes, pequeños y medianos empresarios, y todo aquel
inversionista que genera economía en las entidades, causando no solo daño
físico, psicológico y patrimonial a las víctimas, sino a las familias que temen
por su integridad y por la pérdida de sus bienes o sus ahorros, dejándolos en
la vulnerabilidad e indefensión.
Al razonar su voto a favor, el diputado promovente, Joaquín
Badillo Escamilla, manifestó que no solo en Guerrero, sino en todo el país, el
delito de la extorsión, la cuota y el cobro de piso va incrementando y
generando estancamiento en la actividad y desarrollo económico del país, y en
muchos casos pérdidas humanas que lamentablemente quedan impunes.
Por ello, y para darle resultados a la ciudadanía, recalcó
que las diputadas y diputados de la LXIII Legislatura tienen la oportunidad de
legislar para que este delito que lacera, ofende y no respeta clases sociales
se reforme, garantizando que las personas extorsionadoras sean detenidas y queden
tras las rejas durante el proceso penal, para evitar que sigan delinquiendo.
