La diputada Diana Bernabé Vega presentó una iniciativa de adición a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para que se regule y sancione el mal uso de la inteligencia artificial que difunda información falsa, desinformación, suplantación de identidad o cualquier otra actividad que pueda distorsionar los procesos electorales.
En
su exposición de motivos, la legisladora detalló que, de acuerdo con
un estudio realizado por IBM, México se posiciona como el quinto país de
América Latina que más utiliza la inteligencia artificial (IA), lo cual ha sido
evidente durante las precampañas electorales para el proceso electoral de 2024,
donde no solo se ha empleado con fines propagandísticos, sino también para
atacar a precandidatas y precandidatos.
Bernabé
Vega refirió que uno de los ejemplos recientes fue el caso de Clara Brugada,
actual candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de quien se
difundió un audio donde supuestamente planeaba un aumento de impuestos.
Ante
esto, Bernabé Vega manifestó que los riesgos asociados con el mal uso de la
inteligencia artificial en campañas electorales son diversos, e incluyen la
desinformación y manipulación electoral, la protección de la privacidad, la
transparencia y responsabilidad, así como la integridad del proceso electoral.
Aseveró,
asimismo, que en el estado de Guerrero no se han presentado casos políticos
como los antes mencionados; sin embargo, medios de comunicación locales
advierten sobre el mal uso de la inteligencia artificial y como esta se puede
convertir en una de las principales amenazas de fraude para la población en
2024.
Abundó
que si bien en el estado no se han presentado casos sobre políticos con cuentas
hackeadas, audios fabricados o víctimas de injurias hechas con inteligencia
artificial, no es necesario esperar a que suceda para actuar, ya que la cultura
de la prevención debe imperar en todo momento.
Esta
propuesta que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado fue turnada a la Comisión de Justicia
para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.
