El Pleno del Congreso del Estado aprobó
reformas a la Ley de Educación del Estado para otorgar el reconocimiento de
validez oficial a las instituciones educativas que garanticen condiciones de
inclusión, removiendo todas las barreras del aprendizaje y facilitando la
participación de las y los estudiantes con algún tipo de discapacidad.
El dictamen emitido por la Comisión de
Educación, Ciencia y Tecnología, derivado de una iniciativa propuesta por la
diputada Ana Lenis Reséndiz Javier, hace referencia a que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los planteles educativos
constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje,
por lo cual se deberá garantizar que los materiales didácticos, la
infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean
idóneos y contribuyan a los fines educativos.
Menciona, asimismo, que la Ley General del
Educación estipula que le corresponde al Estado la rectoría de la educación, y
la que este imparte, además de ser obligatoria e inclusiva, debe eliminar toda
forma de discriminación y exclusión, así como las condiciones estructurales que
se convierten en barreras del aprendizaje y la participación.
En ese sentido, se considera importante que las
instituciones educativas tanto públicas como privadas se sumen a las acciones
para garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad,
para lo cual deben contar con instalaciones que les permitan acceder con
facilidad, señaléticas que les puedan orientar, y demás ajustes razonables que
abonen a la garantía de uno de sus derechos constitucionales.
Acuerdo
El Congreso del Estado exhortó a la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados
federal, para que por su conducto se exhorte a la Auditoría Superior de la
Federación a que, a la brevedad posible, se reactive el mecanismo para la firma
de convenios de colaboración entre los entes fiscalizadores de los estados y de
la Ciudad de México.
Al dar lectura al documento, el diputado
Jacinto González Varona, a nombre de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de
la ASE, planteó la necesidad de este llamado para armonizar criterios de
colaboración y funciones que fortalezcan la fiscalización y transparencia de
los recursos públicos otorgados de las participaciones federales en los
estados.
