El
Congreso del Estado aprobó un dictamen de adición al Código de Procedimientos
de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero para que no proceda la
reinstalación o restitución de los elementos policiales, independientemente del
resultado del juicio que se hubiere promovido en contra de violaciones
procesales, formales o de fondo en el procedimiento administrativo de
separación.
Con esto, además, el estado o los municipios sólo estarán
obligados a pagarles su indemnización, que constará de 3 meses de salario, 20
días por año laborado y lo que resulte de los proporcionales del último año de
servicios por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y demás
prestaciones pactadas expresamente.
Lo anterior, derivado del análisis hecho al interior de la
Comisión de Justicia, que consideró procedente la adición al Código de
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado presentada por el Grupo
Parlamentario del PRD, ya que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública es la responsable de establecer que todas las instituciones policiales garanticen
aquellas prestaciones mínimas para sus elementos, con cargo a sus respectivos Presupuestos
de Egresos.
También se hace referencia a los derechos humanos reconocidos por
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados
Internacionales para brindar garantías para su protección, así como la
observancia del mandato superior que tienen todas las autoridades, en el ámbito
de su competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, conforme a los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad
y progresividad.