Diputadas
y diputados de la LXIII Legislatura avalaron la minuta de reforma a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión
de derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público a
quienes hayan cometido abuso sexual, ejercido violencia contra mujeres, o sean
deudores alimentarios (Ley 3 de 3).
En
el dictamen emitido por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos se
menciona que la
violencia intrafamiliar es un fenómeno que cada día se hace más patente en la
sociedad, hecho por el cual diversos movimientos organizados demandan una
actuación firme y contundente por parte del Estado, evitando el empoderamiento de
las personas que ejercen violencia en contra de otras.
Refiere
que estas manifestaciones de violencia, en particular contra las mujeres, se
presentan en todos los ámbitos sociales, económicos y políticos por parte, y
entre los agresores están servidores públicos y autoridades con
responsabilidades políticas y legales.
En
ese sentido, se considera necesario reforzar la legislación para que quienes
ocupen cargos públicos en cualquiera de los tres poderes u otros órganos del estado
no cuenten con antecedentes de violencia ni sean deudores alimentarios morosos.
“Se
trata de que los servidores públicos, en razón de las funciones que llevan a
cabo, sean ejemplo para la sociedad y comprueben la idoneidad para desempeñar su
labor, ya que el servicio público implica ofrecer un trato digno y respetuoso a
todos los usuarios y tiene una connotación profundamente humana, pero también
ética”, subraya.
Con
estas reformas se garantiza que toda persona que se postule o acceda a
un cargo, empleo o comisión pública cuente con un perfil orientado a respetar
la vida, la salud, libertad, seguridad y el normal desarrollo sexual de las
personas, los derechos político-electorales de las mujeres, y el derecho a los
alimentos de los menores.
Intervino
para fijar postura la diputada Patricia Doroteo Calderón, a nombre del Grupo Parlamentario
del PRD, manifestando que esto es de suma trascendencia para la vida
democrática del país, ya que contribuye a la erradicación de la violencia
política contra las mujeres en razón de género.
Abundó
que en un Estado democrático no puede permitirse el otorgamiento de
candidaturas a personas involucradas en la comisión de delitos contra la vida,
la integridad corporal, la libertad y la seguridad sexual.
También
fijó postura la diputada Angélica Espinoza García por el Grupo Parlamentario de
Morena, señalando que la Ley 3 de 3 cumple un propósito redondo, al
proteger la integridad física y psicoemocional de las mujeres y limitando la
incursión de agresores en cargos de elección popular y empleos de gobierno, lo
cual será crucial en el actuar político y distinguirá la ética de quienes
aspiren a los mismos.
Mientras que por el Grupo Parlamentario
del PRI participó la diputada Julieta Fernández Márquez, lamentando que las mujeres de todos
los partidos políticos siguen sufriendo violencia política de género.
Por lo anterior, dijo que es de gran relevancia que el Congreso de Guerrero se sume a los más de 17 estados que han avalado la reforma a la Constitución Política en materia de suspensión de derechos políticos, ya que coadyuvará al respeto y salvaguarda de la integridad de las mujeres en el proceso electoral de 2024.
Iniciativas
El diputado Ricardo Astudillo Calvo (PRI) presentó iniciativas de adición a la Constitución
Política del Estado y a la Ley del Gobierno de Coalición del Estado para que se
contemple la figura de los gobiernos de coalición, como un mecanismo que genere
mayor gobernabilidad en la entidad.
Por su parte, la diputada Leticia Mosso Hernández, a nombre de la comisión legislativa de Derechos Humanos,
presentó iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos
del Estado para incluir el principio de paridad y el lenguaje incluyente y no
sexista en la redacción de este ordenamiento, que permita integrar a mujeres y
hombres como sujetos de derechos y visibilizar a unos y otros en igualdad de
circunstancias.
Asimismo, el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la Ley
de Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos para incentivar el
aprovechamiento de residuos producidos por la industria, implementando la
cultura del reciclaje, que mitigue las afectaciones al medio ambiente.
Por último, el diputado Osbaldo Ríos Manrique (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la
Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado para que se supriman de
este ordenamiento los vestigios de normas aplicables a trabajadores al servicio
de los municipios, puesto que dicha ley solo es aplicable a los servidores de
base y supernumerarios de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal,
del Poder Legislativo y del Poder Judicial.
