La diputada Julieta Fernández Márquez presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Acapulco para que establezca los mecanismos necesarios que tiendan a la regulación del comercio ambulante en ese municipio, mediante la elaboración de un padrón único de vendedores, la aplicación de una cuota anual y el establecimiento de una ventanilla única para el pago correspondiente.
En su exposición de motivos, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario del PRI señaló que un sector muy importante de paisanos indígenas que tuvieron que emigrar al puerto, han sobrevivido por generaciones del comercio de artesanías y otros productos que ellos mismos fabrican y venden en la zona turística y urbana de Acapulco.
Sin embargo, indicó que existe un reclamo generalizado por parte de organizaciones y de los propios vendedores ambulantes de origen indígena y sus descendientes, porque de manera reiterada se les violan sus derechos humanos establecidos en los artículos 2 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese sentido, Fernández Márquez explicó que en fechas recientes realizó distintas asambleas comunitarias con motivo de las consultas sobre iniciativas de Ley que está llevando a cabo el Congreso, y una de las peticiones recurrentes que le han planteado los indígenas radicados en el puerto es que se corrijan las arbitrariedades que padecen los vendedores ambulantes y se establezcan reglas claras para que puedan seguir sosteniendo económicamente a sus familias.
Fernández Márquez expuso que el cobro del comercio ambulante, temporal o eventual, se encuentra regulado en el artículo 33 fracción II de la Ley de Ingresos del Municipio de Acapulco para el ejercicio 2022, donde se establecen de manera clara los conceptos que por el uso de vía pública los comerciantes deben pagar, de acuerdo con cada giro.
El punto de acuerdo en mención propone que se establezcan los mecanismos necesarios a efecto de regular y ordenar el comercio ambulante en el municipio de Acapulco, procurando garantizar la elaboración de un padrón único, la aplicación de una cuota anual como lo marca la Ley antes mencionada, y el establecimiento de una ventanilla única para el pago correspondiente, que salvaguarde los derechos de los ciudadanos y sus familias originarios de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, para su análisis y posterior dictamen.
