Por Roberto Camps
Al cumplirse ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, presenciamos con sorpresa y preocupación el resquebrajamiento de los mecanismos que diseñó el Gobierno de la República para investigar estos hechos.
Son ocho años de impunidad, de mentiras, de obstrucción a la justicia, de violaciones al debido proceso, de dolor de los padres de los estudiantes y ruptura del orden social por parte de los estudiantes normalistas.
La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es un acto cruel e inhumano que muestra la inefectividad de las instituciones.
Sí, fue el Estado. Eso se dijo desde el principio desde los movimientos sociales, fue el Estado el que fabricó una verdad a modo para responsabilizar a un gobierno, para encubrir a los perpetradores.
Y hoy es el Estado mexicano (con la investigación a su cargo), el que colapsa luego de las filtraciones que difundió la periodista Peniley Ramírez en el periódico Reforma, donde se señala al Ejército de haber participado de manera activa en los crímenes y desaparición de los cuerpos.
Y si bien es cierto, no podemos dar por cierto lo que se hizo público el pasado sábado, tampoco podemos callar ante tan graves señalamientos en contra del Ejército.
A lo que siguió un episodio de graves desencuentros, la Fiscalía General de la República solicitó y obtuvo la cancelación de 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se habían girado contra a los presuntos involucrados, tiene tufos de impunidad y es un golpe más a la maltrecha “nueva verdad histórica” que más bien se asemeja a una “verdad a modo” de no sabemos a qué clase de intereses.
También preocupan el desaseo de las versiones que difundió Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presidida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el revés que da la Fiscalía General de la República a la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, y la renuncia de su titular: Omar Gómez Trejo.
Unidad que el día de hoy recibió el respaldo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Indenpendientes (GIEI), postura reveladora de las disonancias que existen en el grupo de trabajo que se integró desde la pasada administración. Hoy incluso se especula del retiro de la coadtyuvancia que ha venido realizando. En la conferencia de prensa que brindó hoy, los integrantes del GIEI expresaron muchas dudas sobre la actuación del gobierno federal.
Otra causa que motivó a dicha renuncia fue que la Unidad en su inicio de creación contaba con 13 agentes como apoyo de los fiscales para realizar su trabajo, pero a finales de mes la FGR los dejó sin agentes investigadores, lo que significa que el desinterés por el esclarecimiento de los hechos y solo es un discurso político.
Las declaraciones del Presidente de la República sobre la renuncia del Fiscal Especial para la Investigación del Caso Ayotzinapa, “El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las ordenes de aprensión” son muestra de que las investigaciones y los procedimientos no se llevan a cabo con la legalidad requerida. El órgano con la facultad para llevar las actuaciones es precisamente la desdeñada y ninguneada Unidad Especializada.
Este lamentable episodio es muestra que la justicia para las víctimas, ni resarcir el daño, es prioridad. Ya que son doblemente víctimas por las desaparición de estudiantes y por la incapacidad del Estado de esclarecer estos hechos a casi una década de distancia.
Hoy no sabemos en quién confiar, de quién dudar, y tendremos que esperar una opinión externa a cargo del GIEI para fijar de nuevo las coordenadas correctas.
Sería grave que en lo que siga de las investigaciones, se repitan los errores del pasado, que por motivaciones políticas sean sesgadas las investigaciones y que se pretenda imputar responsabilidades donde no existen o se intente exonerar a presuntos responsables.
Si se quiere recomponer el camino, será necesaria una investigación sin trucos, la incertidumbre no debe ser eterna.
La justicia no puede ser a medias, y no será completa si se pretende continuar ocultando el entorno criminal.
No deben seguirse permitiendo más distractores que obstaculicen la verdad y la justicia para los estudiantes y sus familias.
La reconciliación no llegará en medio de esta confusión.
