En el contexto del Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas 2022-2032 y con motivo del Día de la Nación Pluricultural, diputadas y diputados de la LXIII Legislatura aprobaron instituir la celebración anual del Parlamento de Hablantes de Lenguas Indígenas del Estado de Guerrero, cuya primera celebración será el próximo 12 de octubre de este año.
La propuesta, de la diputada Leticia Mosso Hernández (PT), fue analizada al seno de la Junta de Coordinación Política, y cuyo dictamen señala que derivado de la preocupación mundial por la desaparición o muerte de las lenguas originarias, la UNESCO proclamó el periodo comprendido entre 2022 y 2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo.
Con ello se busca garantizar el derecho de los pueblos indígenas a preservar, revitalizar y promover sus lenguas e integrar los aspectos de la diversidad lingüística y el multilingüismo en los esfuerzos de desarrollo sostenible, que revierta la lamentable situación de que todos los años desaparece un promedio de diez lenguas.
Además, la iniciativa argumenta que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualquier otra.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay más de 7.3 millones de personas que hablan alguna lengua indígena, cifra que en términos absolutos representa un incremento de 451 mil personas más respecto al total de personas que hablaban una lengua en 2010, aunque un porcentaje menor respecto al mismo periodo, al pasar de 6.6 al 6.1 por ciento del total de la población hablante.
Abunda que la supervivencia de una lengua depende, entre otras cosas, de variables multifactoriales, como la aplicabilidad de las políticas lingüísticas, y porque en el país, por muchos años, se enfocaron en promover el desplazamiento de las lenguas indígenas en favor del español como lengua nacional, tendencia que la UNESCO determinó contrarrestar, y para lo cual ha propuesto la colaboración entre los hablantes y los distintos actores políticos.
Refiere también que, según el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales y Variantes Lingüísticas de México, en Guerrero se hablan las lenguas Tu’ un Savi, Náhuatl, Amuzgo y Me’phaa, con diferentes variantes, mismas que se encuentran en riesgo de desaparición.
Por todo lo anterior, se considera al Poder Legislativo como un escenario fundamental para la toma de decisiones estatales, y espacio plural, inclusivo y abierto para escuchar las distintas voces, sin distinción alguna, hecho por el cual se instituye el Parlamento de Hablantes de las Lenguas Indígenas, con el objeto de que estas voces sean escuchadas desde la más alta tribuna del estado, pero sobre todo sean atendidas.
En su oportunidad, el diputado Masedonio Mendoza Basurto (Morena) propuso una reserva al segundo artículo del decreto para establecer que este parlamento se realice la primera quincena del mes de octubre del año que corresponda, en el marco del Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas 2022-2032 y la conmemoración del 12 de octubre Día de la Nación Pluricultural, teniendo como sede el Salón de Plenos.
Acuerdo
En la primera sesión, la diputada Julieta Fernández Márquez (PRI) presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Acapulco para que establezca los mecanismos necesarios que tiendan a regular el comercio ambulante en ese municipio, mediante la elaboración de un padrón único de vendedores, la aplicación de una cuota anual y el establecimiento de una ventanilla única para el pago correspondiente.
Dicho acuerdo se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.
Intervenciones
Al intervenir en relación con el C5 de Acapulco, el diputado Joaquín Badillo Escamilla (Morena) refirió que en la actualidad no hay las suficientes cámaras de seguridad para realizar las labores de inteligencia en el puerto, como lo requiere y demandan sus habitantes.
Abundó que la estrategia de seguridad es inoperante y deriva en una escalada de violencia, afectando seriamente al turismo. En ese sentido, señaló que el destino turístico requiere de respuestas oportunas de seguridad que permitan al municipio volver a la calma, lo cual implica contar con un C5 eficiente, además de garantizar que los elementos de vigilancia cuenten con prestaciones similares a los que dispone la Ciudad de México.
Por último, manifestó su compromiso para, desde el ámbito de su competencia, coadyuvar a resolver las adversas condiciones de Acapulco en materia de seguridad.
En una segunda sesión, la diputada Yanelly Hernández Martínez (PRD) habló en relación con las fallas geológicas presentadas en las laderas conocidas como cerro La Tentación y La Mira, de la comunidad de Pie de la Cuesta, en la zona serrana del municipio de Atoyac.
Manifestó que es un derecho constitucional y convencional el tener acceso a una vivienda digna, en condiciones de seguridad y fuera de zonas de riesgo, lo cual no sucede. En ese sentido, conminó a los poderes públicos a observar y cumplir estos principios de igualdad social, e invitó a los tres niveles de gobierno para que, de acuerdo con sus atribuciones y competencias, realicen las gestiones necesarias para la reubicación de esos pobladores, en prevención de otro evento catastrófico como el acontecido en 2013 en la comunidad de La Pintada, del mismo municipio.
