Como parte de la desindexación al salario mínimo, y para que las multas impuestas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje sean actualizadas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna presentó una iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 95 y 96 de la Ley número 51 de Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero.
La legisladora señaló que el 27 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto mediante el cual se reformó la Constitución Política de México para establecer la desindexación del Salario Mínimo General (SMG), y por la que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tendrá a su cargo determinar el valor de la UMA.
Se planteó, además, que en un año a más tardar las administraciones públicas federales, estatales y municipales deberían realizar las adecuaciones a las leyes de su competencia para que se eliminaran las referencias al Salario Mínimo General, disposiciones que entraron en vigor el 28 de enero de 2016.
Domínguez Serna señaló que “en el ejercicio de la vigencia y congruencia, es crucial para el debido ejercicio en los procedimientos legales que se establezcan correctamente los términos y conceptos”.
En la iniciativa presentada por la legisladora se propone que el Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas de 15 y hasta 150 veces el valor diario de la UMA al o los servidores públicos responsables, mismas que se harán efectivas por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, instancia que informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo para su análisis y dictaminación correspondientes.
Intervenciones
Al intervenir con el tema “La fiscalización de los recursos públicos en la entidad”, la diputada Alicia Zamora Villalva señaló que es necesario que se retomen con oportunidad y legalidad los asuntos pendientes, como es el nombramiento del o la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Consideró urgente que se realice dicho nombramiento para que no existan vacíos ni omisiones en la institución fiscalizadora, cumpliendo con lo que estipulan las leyes en el Poder Legislativo.
El diputado Héctor Apreza Patrón, en relación con el mismo tema, manifestó que dentro de un parlamento siempre habrá enfoques y opiniones distintas, para lo cual se deben construir acuerdos dentro del marco de la ley.
En ese sentido, indicó que el actuar de las y los diputados está plasmado dentro de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; sin embargo, no ha habido voluntad de orientar y coordinar los trabajos políticos como corresponde.
Participaron sobre el mismo tema la y los diputados Jacinto González Varona, Leticia Mosso Hernández y Bernardo Ortega Jiménez.
Por su parte, la diputada Julieta Fernández Márquez hizo un llamado al Gobierno de la República y a la Secretaría de Educación Federal para que reconsideren la desaparición del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, por ser un servicio noble y de gran impacto social que amplía las oportunidades de aprendizaje y desarrollo de la niñez.
Recordó que dicho programa fue creado como una estrategia educativa para las escuelas públicas en beneficio de las familias más vulnerables del país y de Guerrero, que en sus siete regiones presenta altos índices de marginación y pobreza. Al respecto, intervino intervino también la diputada María Flores Maldonado.
En relación con el tema de los feminicidios en la región de la Montaña y la falta de claridad en las acciones de la estrategia integral de justicia para las mujeres y niñas, la diputada Leticia Mosso Hernández lamentó que los gobiernos municipales, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Mujer no se hayan pronunciado por los asesinatos de mujeres.
La legisladora calificó lo anterior como evidencia de que falta un plan emergente para frenar estas acciones contra las mujeres, como lo exige la Alerta de Violencia de Género. Por ello, urgió a sus homólogos para exigir acciones emergentes que vayan más allá de la obligación de una infraestructura básica, y hacer de los municipios lugares seguros para las mujeres y niñas. En torno al tema participó también la diputada Yanelly Hernández Martínez.
El diputado Fortunato Hernández Carbajal participó en relación con los derechos, reivindicaciones laborales y diálogo con los trabajadores de distintos sectores en la entidad. Dijo que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, los países deben proveer las condiciones adecuadas, dignas y remuneradas que permitan atender y sobrellevar sus condiciones familiares.
Recalcó que toda persona tiene derecho al trabajo, la protección contra el desempleo, protección contra la discriminación, el pago salarial por igual, el descanso y disfrute del tiempo libre, y abundó que se deben defender los derechos de las y los trabajadores con la inclusión de la justicia laboral, capacitación, acceso a la salud, garantía de la seguridad social y con perspectiva de género.
Al participar con el tema de “Libertad de Prensa y Gobernabilidad”, el diputado Esteban Albarrán Mendoza manifestó que esta celebración da la oportunidad de hacer las reflexiones necesarias sobre temas de gran interés que sensibilicen a la ciudadanía, pero también para llamar la atención de los gobiernos sobre problemas pendientes sin resolver y que requieren políticas públicas concretas.
Añadió que la fuerza del Estado debe convertirse en garante de ambos derechos, y también debe ser receptivo a la crítica constructiva y a la divergencia de opiniones, siempre con pleno respeto al Estado de Derecho.
También hizo un llamado a la tolerancia, y rechazar el intento de crear zonas de silencio en torno a cualquier aspecto de la vida social y política, ya que en una sociedad democrática las libertades no se imploran y tampoco se negocian, simplemente se ejercen.
Mientras que el diputado Jesús Parra García habló en torno a la iniciativa de reformas y adiciones al Código Penal del Estado en materia de aborto. Dijo que la primera lectura del dictamen en relación con el tema no está enmarcada en los preceptos legales no conforme al procedimiento legislativo. En ese sentido, llamó a sus homólogos para que se respeten las facultades de cada una de las comisiones legislativas y pidió que se consulte a la ciudadanía que está a favor y en contra de la interrupción legal del embarazo para que dé sus opiniones al respecto. Participaron en torno al mismo tema las diputadas Ana Lenis Reséndiz Javier y Julieta Fernández Márquez.
