Con las modificaciones hechas por el Congreso de Guerrero al Código Penal local en materia de aborto, esta entidad se pone a la vanguardia legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres a decidir sobre su vida y su cuerpo, y se hace frente a la problemática de mortalidad de mujeres por abortos clandestinos.
Así lo señaló la diputada Beatriz Mojica Morga, secretaria de la Comisión de Justicia, durante la sesión de este martes en que el Pleno de la LXIII Legislatura aprobó el dictamen que contiene las reformas y adiciones a dicho ordenamiento para establecer la interrupción legal del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, además de penas consecuentes a quien se realice o ayude a realizar este procedimiento después de los plazos establecidos, con o sin el consentimiento de la mujer.
Añadió la diputada que con la aprobación de estas reformas se da cumplimiento también a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y respuesta a la Alerta de Violencia contra las Mujeres por Agravio Comparado en Guerrero.
Destacó que de ninguna manera se trata de promover el aborto, sino que se reconoce el derecho humano de la mujer a decidir sobre su vida y su cuerpo, además de que se pretende eliminar la tasa de mortalidad de mujeres en Guerrero por abortos clandestinos que provocan hemorragias obstétricas y, por ende, la muerte.
Subrayó, asimismo, que este avance permitirá terminar con la criminalización legal y social que ha afectado por décadas a las mujeres, sobre todo a las más pobres y con poco acceso a la información sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
Por ello, convocó a sus homólogos a tomar en serio su papel de legisladores y estar a la altura del momento histórico. “Cuando estamos en este Pleno estamos más allá de nuestras creencias personales; cuando estamos en este Pleno nuestro deber es laico y de atención a las problemáticas sociales”, manifestó.
El dictamen también señala en el artículo 155 que el aborto se permite con consentimiento hasta las primeras 12 semanas de gestación, con excepción de las excluyentes de responsabilidad, y se reduce la pena de 1 a 3 años de prisión a 6 meses o 2 años a quien practique el aborto después de este tiempo, con o sin consentimiento de la mujer.
Razonaron su voto en contra las y los diputados Jesús Parra García, Ana Lenis Reséndiz Javier, Yanely Hernández Martínez y Julieta Fernández Márquez, mientras que a favor lo hicieron Gloria Citlali Calixto Jiménez, Nora Yanek Velázquez Martínez, María Flores Maldonado, Beatriz Mojica y Antonio Helguera Jiménez.
Iniciativas
El diputado Adolfo Torales Catalán propuso adicionar la Constitución Política del Estado para establecer textualmente las áreas con las que debe contar un Órgano Interno de Control Municipal. Asimismo, la Ley Reglamentaria deberá definir los perfiles y requisitos para ser titular de las Unidades Técnicas, que son las que atenderán y desarrollarán los diversos procedimientos que la Ley ordena a dichos órganos. Turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Para reducir de 5 a 3 años la temporalidad de residencia en favor de quienes aspiran a un cargo de diputado local, presidente municipal, síndico o regidor, la diputada Jennyfer García Lucena presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado. La propuesta fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.
A la Comisión de Desarrollo Económico y del Trabajo se turnó una iniciativa presentada por el diputado Raymundo García Gutiérrez para derogar la fracción III del artículo 36 Bis 1 de la Ley Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados, para eximir a las entidades públicas de la obligación de reinstalar a trabajadores de confianza cuya antigüedad sea menor de un año, mismos que sólo gozarán de las medidas de protección de su salario y de los beneficios de la seguridad social, conforme al mandato constitucional.
El mismo diputado propuso reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado para renovar o adecuar el marco jurídico electoral en la entidad, relativo a la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, y que en caso de solicitud de recuento de votos, esto se realice al inicio de la sesión o antes de la conclusión del cómputo general de la elección, para el caso de los municipios donde existan dos o más consejos distritales. La propuesta se turnó a la Comisión de Justicia.
Por su parte, la diputada Jessica Alejo Rayo presentó una iniciativa de adición a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado para incluir el término “nepotismo”, definiéndolo como la persona servidora pública que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios a personas con las que tiene parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado o vínculo de matrimonio o concubinato. Esta propuesta se turnó a la Comisión de Justicia.
El diputado Ociel Hugar García Trujillo planteó adicionar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para que la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso Cometido en Agravio de Mujeres y demás personas con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género sea incluida dentro de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, y no sólo en el Reglamento, para dotarla de todas las facultades legales para su debida actuación. Turnada a la Comisión de Justicia
A la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos se turnó una propuesta del diputado Bernardo Ortega Jiménez para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y que, en los casos de empate en la votación de comisión ordinaria o comisiones unidas, quien ostente la Presidencia pueda ejercer sin mayor trámite su derecho al voto de calidad, con la finalidad de determinar si se aprueba o no el proyecto de dictamen o resolución.
Y por último, el diputado Carlos Cruz López presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para crear la Unidad de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, la cual será encargada de apoyar a la Comisión del ramo en la evaluación del desempeño de esta institución, y vigilará que sus servidores públicos cumplan cabalmente sus funciones. La propuesta se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
