El Congreso del Estado aprobó un Anexo al “Protocolo para desarrollar de manera libre, previa, informada y de buena fe el proceso de Consulta para poder crear, reformar, adicionar o derogar las leyes que impacten en la esfera de derechos a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos”, con el objetivo de dar cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Acción de Inconstitucionalidad 299/2020 en materia de “Educación indígena” y “Educación inclusiva”.
Esto en un acuerdo parlamentario propuesto por
la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde se señala que para dar
cumplimiento a las acciones de inconstitucionalidad
del máximo tribunal del país, la Comisión Permanente aprobó el pasado mes de
febrero dicho Protocolo, mismo que fue ratificado por el Pleno del H. Congreso
en sesión de fecha 3 de marzo de 2022.
Entre los objetivos está
consultar
de manera previa, libre, informada, culturalmente adecuado y de buena fe a los pueblos
y comunidades indígenas y afromexicanas con relación al Capítulo VI denominado “Educación indígena”, conformado por
los artículos 39, 40 y 41, y el Capítulo VIII denominado “Educación inclusiva”, conformado por
los artículos 44, 45, 46, 47 y 48, de la Ley de Educación
del Estado de Guerrero.
Precisa
el documento que por efecto de la multicitada resolución, se ordenó al Congreso
del Estado que en un término de 18 meses contados a partir de la notificación
de los Puntos Resolutivos, realizar las modificaciones legales, previa consulta,
a: 1. Personas con Discapacidad, y 2), Pueblos y Comunidades Indígenas y
Afromexicanas.
Abunda
que estos procesos de Consulta mandatados por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación se encuentran fundamentados en los artículos 6 y 7 del Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos y Comunidades
Indígenas y Tribales; artículo 4 de la Convención Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad; artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; el artículo 3 y 4 de la Convención Sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
En
el caso de las personas con discapacidad, la Consulta será previa, pública y
regular; estrecha y con participación preferentemente directa de las personas
con discapacidad; accesible, informada, significativa, con participación
efectiva y transparente.
Especifica
también que el Poder Legislativo será la autoridad responsable, a través de la
Junta de Coordinación Política, la cual tendrá la facultad de coordinar el
proceso, y en calidad de coadyuvante el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero,
a través de las Secretarías General de Gobierno, de Asuntos Indígenas y
Afromexicanas, del Bienestar, de Educación, de Salud, así como del Sistema de
Desarrollo Integral de la Familia y el Centro de Rehabilitación Integral de
Guerrero.
Además de los pueblos
y comunidades Indígenas y afromexicanas del estado y las personas con
discapacidad, serán consultados los que ejercen la patria potestad, la tutela,
las organizaciones que los representan e instituciones que les atienden, y en
todo momento se respetará la decisión que tomen estas personas, cuando así se
puedan expresar.
Además, para coadyuvar
en el proceso se creará un Grupo Técnico interinstitucional
conformado por representantes de las instancias oficiales mencionadas, que por
razón de su competencia legal atienden a los pueblos
y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad, quienes
proporcionarán la información
e insumos que requieran o soliciten los actores de la Consulta.
Asimismo, se
invitará a la Comisión de
los Derechos Humanos del Estado para que, en ejercicio de su autonomía e independencia, pueda supervisar y vigilar el adecuado
desarrollo de los procesos de Consulta en materia de educación, mientras que los traductores e intérpretes
para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas
serán designados por las Asambleas Comunitarias o
por las propias autoridades tradicionales reconocidas, bajo sus propios
sistemas normativos de usos y costumbres, garantizando que todas las personas
puedan expresarse en sus lenguas maternas, así como
para informar a las y los sujetos parte de la Consulta sobre los contenidos de
la misma.
Acuerdos
En la misma
sesión, el Grupo Parlamentario del PRI propuso un Punto de Acuerdo para crear
una Comisión Especial de diputados que investigue y contribuya a esclarecer los
hechos relacionados con la alteración de lo aprobado por la LXIII Legislatura
sobre la Ley Número 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, edición
extraordinaria de fecha 14 de abril de este año, por no coincidir con lo
aprobado por el Pleno en sesión del 12 de abril de 2022.
A la
Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero se turnó un exhorto propuesto
por el diputado Adolfo Torales Catalán, dirigido al secretario de Agricultura y
Desarrollo Rural del Gobierno Federal, para que de acuerdo con las reglas de
operación del Programa de Fertilizantes 2022 se garantice la entrega oportuna
de este insumo a los agricultores de Guerrero.
Iniciativas
A la Comisión de Justicia se turnó una
iniciativa de Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero y sus
Municipios, propuesta por el diputado Carlos Cruz López, a efecto de que el
Estado se haga responsable por los daños que, con motivo de alguna actividad
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares,
garantizándoles el derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y
procedimientos que establezcan las leyes.
