Con el propósito de garantizar los
derechos humanos, la no discriminación, violencia y acoso laboral, social y
económico hacia las mujeres guerrerenses, el Congreso local analiza reformas a
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal
del Estado de Guerrero.
Las reformas que se encuentran en el
proceso de análisis y dictaminación por parte de las Comisiones Unidas de Justicia
y Para la Igualdad de Género, consisten en implementar sanciones
administrativas a los superiores jerárquicos que sean omisos de recibir y dar
curso a las quejas sobre hostigamiento o acoso sexual en los centros de trabajo.
Además, para que se sancione al patrón o persona que emplee a una mujer y
escatime su salario por cuestiones de género.
En la exposición
de motivos se plantea la urgencia de atender esta problemática social en México,
proteger el pleno desarrollo de las mujeres en el mercado laboral, y que tanto instancias
públicas como privadas se rijan bajo el esquema de igualdad entre hombres y
mujeres.
Abunda que la
violación al derecho a un trabajo digno se manifiesta de diferentes maneras, como
burlas o bromas pesadas; degradación, intimidación, humillaciones o carga
excesiva de trabajo, hasta las agresiones físicas o sexuales, mismas que suelen
provenir de jefes a subordinados, y donde las mujeres suelen ser las más
vulnerables.
Además, informa que
los estados con la desigualdad salarial más grande entre hombres y mujeres están
Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato y Michoacán, donde el sector femenino no
representa ni siquiera el 25 por ciento del total de trabajadores con buenos
salarios, aunado a estereotipos que maneja la sociedad, como pensar que la
mujer debe permanecer en casa, ideas que deben eliminarse porque en la
actualidad las mujeres juegan un papel importante no sólo en sus hogares, sino también
en la vida laboral, política, social y económica del país.
Estas
iniciativas fueron presentadas por las diputadas Ana Lenis Reséndiz Javier y
Julieta Fernández Márquez, como parte
del compromiso de la LXIII Legislatura para contribuir con mejores políticas
públicas que sancionen a quienes hagan uso de su cargo para vulnerar los
derechos laborales e integridad física, moral, psicológica y sexual de las
mujeres en sus centros de trabajo.
