Las representaciones de las escuelas particulares en el país expresaron que la Secretaría de Economía, “nos quiere imponer una NOM que implicará no sólo una mayor sobre regulación, invasión de facultades intersecretariales y violación al Estado de Derecho, sino un perjuicio mayor a la economía de las escuelas y de los padres de familia; significaría el cierre inmediato de 10 por ciento de las instituciones particulares de educación y el incremento de hasta 15 por ciento en las colegiaturas.
Las instituciones particulares de educación solicitaron al Gobierno Federal que a través de la Comisión Nacional de Normalización se cancele el Proyecto de Norma Oficial Mexicana “PROY-NOM-237-SE-2020”, porque durante el proceso de consulta pública los actores ofrecieron argumentos y pruebas de la inexistencia de materia jurídica para su construcción, además de que su sola consumación significaría el cierre de 10 por ciento de las escuelas particulares en el país, las cuales no estarían en condiciones de soportar esta sobre regulación.
La aprobación ésta NOM de carácter comercial, porque estaría bajo la jurisdicción de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), representaría para los padres de familia el incremento de hasta 15% en el costo de las colegiaturas y la desaparición de opciones para la educación de sus hijos.
María del Pilar Martínez Aragón, representante de la ANEPPI, destacó que la Secretaría de Economía a través de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia que dirige Jesús Cantú Elizondo, y sobre todo del director General de Normas, Alfonso Guati Rojo, están construyendo una NOM que, de aprobarse, generará una mayor sobre regulación en la escuela particular, afectando directamente a los padres de familia en medio de la coyuntura económica que estamos atravesando como consecuencia de la pandemia de COVID19.
Además, denunció que hubo discriminación en contra de la red de instituciones particulares de educación porque en la alerta sanitaria se les consideró como industria, porque se instruyó que no podían disminuir los costos de nómina, mientras que a otras áreas si se les permitió, y a pesar de que bajó el número de alumnos, sus costos de operación continuaron siendo los mismos.
“Nos cobraron todos los impuestos y las aportaciones al IMSS, sin ningún tipo de descuentos ni plazos que nos permitieran enfrentar de mejor forma el flujo de caja, lo que resultó en la desaparición de un número aún indeterminado de escuelas en ciclo anterior y otras que ya dejaron de dar servicio en el que acaba de iniciar”, dijo.
Para poder afrontar la carga de cumplimiento generada por la NOM-237, que se construye en la Secretaría de Economía pretende, a través de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia que dirige Jesús Cantú Elizondo, “obligaría a las instituciones particulares de educación a incrementar el precio de las colegiaturas entre 12% y 15%, sólo para cubrir financiamientos por el atraso de hasta 3 meses y 15 días en los pagos que deben realizar los padres de familia”.
Además, agregó Itzel Carmona, integrante del consejo directivo de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), se deben contemplar los costos administrativos y operativos que se generarán por la certificación de un nuevo proceso de carácter comercial, cuando la educación es un derecho humano, y el costo de evaluación de la conformidad en los casos de verificación.
Martínez Aragón recordó que a principios agosto el Ing. Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, dijo que los efectos secundarios de esta NOM 237 serían: 1) El incremento en los costos de operación de las escuelas particulares, costo que inevitablemente se trasladará a los bolsillos de las familias mexicanas; y 2) La desaparición de escuelas en el marco de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, lo que terminará afectándolos también porque la opción educativa de las instituciones particulares se contraerá.
Carmona destacó que la Ley de Metrología y Normalización permite aplicar el artículo 33, derivado de los comentarios emitidos en el proceso de consulta pública, para acreditar la inexistencia de materia jurídica para la creación de esta norma, por lo que se debe cancelar el proyecto a través de la Comisión Nacional de Normalización porque no es necesaria, ya existe una regulación, las escuelas particulares no son empresas y, sobre todo, ayudan a que el Estado Mexicano cumpla con su obligación de ofrecer educación a la población que lo necesita.
Las escuelas son representadas por la Alianza para la Educación Superior (ALPES), Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM), Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE - ANEP), Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI), Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), entre otras, que cuenta con alrededor de 3 millones 700 mil alumnos y 270 mil docentes.
